La grave contradicción en que han incurrido los médicos sobre el ‘desgraciado’ caso de la niña de tres años Aitana, que falleció el jueves en el Hospital de La Candelaria, ha empujado a los medios de comunicación a condenar a coro unos hechos y un sospechoso, que se han revelado infundados.

En el primer diagnóstico, el facultativo del centro de salud que atendió a la niña en primera instancia en el municipio de Arona (Tenerife), creyó descubrir en el cuerpo de la pequeña (ingresó con parada cardiorrespiratoria) signos evidentes de una atrocidad: politraumatismos, quemaduras y abuso sexual ante posibles desgarros vaginal y anal. Con ese parte médico, el joven Diego P.V. fue detenido como sospechoso de malos tratos y la Policía Local pensó que estaba ante un monstruo.

En teoría, se activó el protocolo ordinario para abordar presuntos casos de violencia con niños: el médico, ante el primer indicio, pone en alerta a las autoridades. Un segundo informe forense, una vez hospìtalizada la niña en estado grave, descartó los indicios de violación. Finalmente, la autopsia ha acreditado la versión de la familia de Aitana (madre y novio): la niña se había caído días atrás de un columpio en un parque y no se le apreciaron en un servicio de urgencias lesiones internas, pero lo cierto es que murió a causa de la hemorragia provocada por las heridas de ese accidente.

El sospechoso, puesto en libertad sin cargos, había pasado en 72 horas de ser acusado de agresiones y abuso sexual de la menor a homicidio y, finalmente, declaro inocente. Una historia cruel de victimario convertido en víctima, que nos deja una lección, una más, sobre el espinoso oficio de informar y opinar sobre comportamientos ajenos.

Durante toda la semana, en el marco del día internacional contra la violencia de genero, el joven madrileño de 25 años que vivía desde octubre con la madre y la hija de ésta en Costa del Silencio (Arona, Tenerife), sufrió un linchamiento mediático generalizado, que se basaba en apreciaciones médicas antes de que fueran desmentidas. El caso dio un giro de 180 grados a partir de la defunción de la niña el jueves. Los médicos habían metido la pata al principio, y la prensa también. Que todos obramos con la mejor voluntad, es indudable. Que todos venimos de vivir durante años un clima social de máxima alerta y sensibilidad sobre la seguridad de los menores, nadie lo discute. Y que, en materia de pedofilia y atentado a la integridad infantil, no debemos bajar la guardia, huelga reiterarlo. Nos asalta la incertidumbre de la indefensión que casos como éste acarrearían si no se aprende del error cometido para que nunca se pueda repetir. ¿O cuántos padres se pensarían dos veces llevar a un hijo a un centro médico con rasguños en la cara por una caída accidental?

La contrariedad que nos produce semejante patinazo, a la luz de la segunda y esperemos que definitiva versión oficial, es que hemos ‘crucificado’ a un inocente. No pagó justo por pecador. Nos equivocamos. Todos. Si el mea culpa colectivo borrara ese fatídico deshonor, vaya el mío por delante.