Durante la guerra del Sáhara, en los años 70 y 80, eran frecuentes los apresamientos de pesqueros canarios. En una ocasión, un representante del Frente Polisario viajó a Las Palmas a apadrinar al hijo de un marinero que había sido rehén de los saharauis en Tinduf. Eran escenas familiares en aquellos años de turbulencia en el desierto. Una corriente de simpatía se había fraguado entre Canarias y el Polisario, y a Marruecos sólo se le ocurría perseguir el rastro de los saharauis en Las Palmas para boicotear esas relaciones.

En la casa de la periodista Herminia Fajardo, al lado de la catedral de Santa Ana, se hospedaban los más significados dirigentes saharuis; era una casa fichada por la inteligencia marroquí, y la periodista, que se la jugó sin duda en los años de plomo previos a la transición, gozaba de los mejores contactos con el movimiento independentista del Sáhara Occidental, hasta que, mucho tiempo después, enfrió una implicación tan visible.

En los recitales de canción popular que organizábamos en las islas era común escuchar canciones alusivas a la emancipación del Sáhara y se enarbolan banderas saharauis y tricolores con siete estrellas verdes, porque Cubillo ya hacía ruido desde Argel. Pedro Guerra se dio a conocer en aquellos circuitos espontáneos en plazas y calles de barrios periféricos.

Un día de 1992 marroquíes y polisarios firmaron una tregua que se ha revelado inservible. Y desde entonces vienen discutiendo con largos paréntesis, como ahora han vuelto a hacer, en un diálogo de sordos. Marruecos, hace un par de años, planteó una salida al callejón de más de tres décadas de desacuerdo: una amplia autonomía para el territorio al parecer inspirada en Canarias. Pero el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se oponen a ese atajo, después de un amago de barajar seriamente tal opción que no prosperó en su seno, y se reafirma en una reivindicación histórica con el respaldo de la ONU: la celebración del referéndum de autodeterminación que consagre la independencia o la soberanía marroquí impuesta actualmente.

Éste es un conflicto originado por la vía de la fuerza. En 1974, España pretendió promover esa consulta para liberar al Sáhara de su dominio colonial, y Hassan II reclamó ante la ONU derechos inexistentes sobre el territorio. En vista de que no le fueron reconocidos (salvo una vaga conexión de tribus saharauis con el sultán marroquí), urdió una marcha verde de pacotilla y, comprando favores entre ministros venables mientras Franco agonizaba, forzó un 14 de noviembre de 1975 que recuerdo de memoria el montaje burdo de los famosos Acuerdos Tripartitos de Madrid (España, Marruecos y Mauritania con la anuencia de la Yemáa). Marruecos se quedó con la mayor parte del pastel y Mauritania con la franja de territorio más próximo a sus fronteras, a la que no tardó en renunciar por incapacidad militar para defenderla en el campo de batalla.

Este mes se cumplen, por tanto, 34 años de vergüenza tras aquella comedia infame de los últimos herederos de la dictadura para arrebatarle la patria a sus únicos dueños, los saharauis, que hoy sobreviven gracias a la caridad de algunos estados amigos en los campamentos de Tinduf (Argelia). El contencioso saharaui ha sido todo este tiempo una pesadilla para España, que no ha sabido, ni con gobiernos de derechas ni de izquierdas, enmendar la retirada poco gallarda (que abochornó a los propios militares obligados a hacer mutis por el foro), con tal de dejar a los saharauis a expensas de un Hassan sin compasión.

Ceuta y Melilla explican ese entreguismo, y posteriormente no han cesado de acumularse nuevas ‘entregas’: la desleal competencia del tomate marroquí al canario, la suspensión ad eternum de la mediana con las islas, o el archivo de la licencia a Repsol para extraer petróleo en esas aguas compartidas aprovechando la coartada de un veto ecologista y de los cabildos majorero y conejero a los que nadie trata de convencer de las garantías que reclaman. Con Marruecos, la diplomacia española se basa en un imperturbable ‘dejar estar’, que es un plagio de la estrategia alauí de dormir los asuntos espinosos hasta que el tiempo los resuelva. Ahora mismo, Rabat confía en que la próxima cumbre de la UE, ya bajo presidencia española, le conceda el estatuto avanzado al que aspira. España teme las represalias marroquíes cada vez que le pisa algún callo, como comprobamos al inicio de la ola de inmigración ilegal. Pero Canarias no puede dar la espalda al Sáhara. Fortalecer los lazos comerciales con uno de los países africanos más cercanos y estables es una política razonable que no está reñida con la debida solidaridad humanitaria ante este atropello con una representante saharaui, cuyo pueblo es un viejo amigo.

Todos los antecedentes citados explican la nueva metedura de pata del gobierno español, al aceptar que Lanzarote sea el destino pactado de la activista saharaui Aminatu Haidar, expulsada hace una semana de El Aaiún por no reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara en el casillero de la tarjeta de desembarque a su regreso de un viaje a Nueva York para recibir el premio por al ‘Coraje civil’ de la Fundación Train. El patinazo se amplifica al tratarse de una exponente de la lucha saharaui con reconocimiento internacional, que fue recibida antes por el Senado de los EE.UU. para concederle el Premio de los Derechos Humanos de la Fundación Robert Kennedy, y que nada más sentirse inmovilizada en el aeropuerto de Guacimeta, sin poder tomar otro vuelo de retorno porque Marruecos le intervino el pasaporte, ha denunciado a las autoridades españolas de secuestro y puesto su caso en conocimiento de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Moratinos, el titular español de Exteriores, tuvo oportunidad esta semana de abordar el delicado caso con su homólogo marroquí en Rabat, pero la política generalizada de paños calientes de España con Marruecos se ha vuelto a repetir.

La ‘Gandhi saharaui’ es una mujer de 42 años valiente, que ya fue detenida por primera vez en 1987, por participar en una protesta contra la anexión marroquí del Sáhara durante la visita de una delegación de la ONU. Permaneció tres años y siete meses en prisión; fue torturada “con los ojos vendados” y privada de comida y juicio. Y en una segunda ocasión, hace cuatro años, con motivo de la ‘intifada saharaui’, fue condenada a seis meses en la Cárcel Negra de El Aaiún. Las fotos de su rostro irreconocible dieron la vuelta al mundo con su puesta en libertad.

Las autoridades marroquíes proponen a Moratinos que le conceda la carta de refugiada para que pueda desplazarse o que ella admita su nacionalidad marroquí para que se le devuelva la documentación. Pero, bajo sus coloridas melfas, Aminatu prosigue una huelga de hambre peligrosa en la tierra de los volcanes, dispuesta a resistir, pese a su frágil salud, hasta que se le devuelva a El Aaiún sin estratagemas. Mientras recibe la visita de Cayo Lara (coordinador de IU) o del actor Guillermo Toledo (“vengo a dormir a su lado como un perro”, dijo con indignación al enterarse de que el aeropuerto de Guacimeta cierra sus puertas cada noche y la desaloja), aclara que está aquí contra su voluntad y no es una inmigrante sin papeles. Pide respeto a la legalidad, porque sabe que se ha violado con ella el derecho a la libre circulación. España ha vuelto a enfangarse en el conflicto del Sáhara. Aminatu no piensa volver en patera.