La noticia navideña de los jueces y los niños es un escándalo. Al juez Calamita, que retrasó la adopción de una menor por una mujer lesbiana, otro juez de Murcia le ha impuesto una pena adecuada que trata de abortar cualquier brote ulterior de homofobia en los juzgados: más de dos años de inhabilitación, que le impedirán ejercer, y una multa ‘salada’ de 6.000 euros. El juez que lo castiga tiene claro, a la vista del caso, que lo que transpiran las actuaciones de Ferrín Calamita (¡qué apellido que invita a llamarlo ‘juez Calamidad’!) es una clara voluntad retardataria; alargó el proceso y exigió trámites inusuales con tal de ganar tiempo, seguramente con la esperanza de que el recurso del PP contra la ley de los matrimonios gays prosperara, en vano, o, como dice la sentencia, simplemente por “aburrir”. Si no se atajan a tiempo las veladas objeciones a la ley que homologa los derechos de parejas gays con los de las heterosexuales (incluida la posibilidad de adopción) desembocaríamos, como dice la sentencia, en un sistema de fazañas y albedríos de difícil contención más adelante. El juez Calamita ( o Calamidad) piensa agotar todos los recursos, terminar en el Constitucional y, llegado el caso, plantarse con su causa ante el tribunal europeo de los derechos humanos. Está en su derecho, pero la sentencia que le condena nos sirve para comprobar que hay dos varas de medir, en materia infantil, a mi juicio perniciosamente.
Resulta que a ese otro juez que está en boca de todos, el juez Tirado (apellido que se presta a juegos de palabras), sus compañeros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo han salvado de las galeras, y en lugar de castigarlo ejemplarmente, como pide el Gobierno (los jueces llaman a esto intromisión, yo lo llamo tirón de orejas por el descarado trato de favor gremial) y como pide la gente con un mínimo sentido común, han decidido (el mismo día de la condena a Calamita ‘calamidad’) mantenerle la pequeña y bochornosa multita de 1.500 euros, por una dejación no “muy grave” de sus funciones. Recordarán ustedes el caso porque ha levantado un revuelo enorme y los jueces se han sublevado como nunca y amenazaban una huelga para comienzos de 2009. El juez Rafael Tirado cometió una negligencia que costó la vida de una niña, Mari Luz, vecina de un barrio de Huelva, donde vivía el pederasta Santiago del Valle. El, a mi juicio, muy gravísimo desliz del juez consistió en no meterlo en la cárcel a tiempo pese a que había sido condenado a prisión por abusar de su propia hija (¡que alimañas conviven con seres humanos haciéndose pasar por miembros de la misma especie, horror!), y aprovechando su libertad al parecer mató a la pequeña, caso que está siendo juzgado ahora. La madre de la niña, Irene Suárez, vivió una época en Añaza (Tenerife) y tiene familiares que permanecen en la isla. Entrevisté al padre de la víctima, Juan José Cortés. Coincido con todo el mundo en que es un líder social, una persona con la cabeza sosegada y los principios a flor de piel. Juan José trinaba ahora, al conocer el salvoconducto de los vocales del CGPJ al juez Tirado. Esperaba que lo apartaron un tiempo de la carrera para cortar de raíz cualquier tentación de indulgencia con los jueces permisivos o indolentes a la hora de ejecutar las sentencias contra pedófilos, fuera por problemas burocráticos (no es ningún secreto el caos tercermundista de los juzgados por falta de medios) o por simple dejadez. El padre de Mari Luz ha recogido miles de firmas para que los maltratadores de niños cumplan cadena perpetua. Me contó que este tipo de delitos registra una alta reincidencia y no hay manera de garantizar la seguridad de los niños cuando un pederasta es puesto en libertad. Pero los vocales de los jueces entienden que Rafael Tirado cometió, tan sólo, “una desatención leve” en el desempeñó de sus funciones. Cuesta aceptar el veredicto, insultantemente corporativo, que dulcifica el patinazo con resultado de muerte del juez en cuestión, al margen de que podamos concederle la involuntariedad desgraciada de su metedura de pata.
El Gobierno de Zapatero ha sido acusado por los jueces de quererles presionar para dar un escarmiento a Tirado. Los jueces consideran un éxito de la profesión haber reafirmado la multa como mal menor y pasar página; incluso, uno de los vocales consideró que el juez no debía ni tan siquiera ser multado. El caso no va a quedar ahí. Habrá, como se anuncia, reformas legales en el Congreso para evitar nuevos casos Tirado, y la fiscalía recurrirá la decisión.
En las islas guardamos una especial sensibilidad sobre la protección de los niños, ante la desaparición no esclarecida de Sara y Yeremi (sobre ambos he intervenido en sendos programas de la Televisión Canaria y sigo de cerca la investigación con la esperanza de que estén con vida). En la sociedad canaria hay una incomprensible propensión a cometer estos delitos, y de hecho en las continuas redadas policiales contra redes de pornografía infantil en Internet suelen figurar implicados con residencia en las islas, algo que no acabamos de comprender. Tenemos que dirimir con urgencia las causas sociales de este fenómeno, que corre en paralelo con la lacra de la violencia de género (terrorismo doméstico). El juicio sobre las agresiones (torturas, diría, para hablar claro) sufridas por la niña Alba a manos presuntamente de su padrastro estremecen y conmueven. En este contexto, dejar en “una desatención leve” el error del juez Tirado, crea alarma y los ciudadanos, ante el escándalo del escándalo, viven la polémica escandalizados.