En Santa Cruz de Tenerife

Unidad para pedir al Gobierno que rectifique con el proyecto de Palacio de Justicia

Jueces, fiscales, procuradores, letrados judiciales, funcionarios y abogados han exhibido su unidad y unanimidad en contra de la construcción del futuro edificio judicial en el Sobradillo.

Canarias - 21/04/2017 EFE
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Jueces, fiscales, procuradores, letrados judiciales, funcionarios y abogados han exhibido su unidad y unanimidad en contra de la construcción del futuro edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife en el barrio de El Sobradillo y han exigido al Gobierno de Canarias que rectifique "cuanto antes mejor".

"Hay un error de concepto, se han confundido los intereses urbanísticos con el interés de la justicia y el interés de los ciudadanos", ha declarado el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, en el acto de constitución de la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos.

En el céntrico barrio de Cabo Llanos está el actual edificio judicial, insuficiente para las necesidades, y la plataforma exige que se mantenga en la misma zona el futuro palacio de justicia, por ejemplo construyendo un edificio anexo en una parcela próxima que permita aprovechar el actual.

El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento quieren en cambio construir la nueva ciudad de la justicia en una parcela en la zona de El Sobradillo, a diez kilómetros del centro, aislada del resto de administraciones públicas y con deficientes comunicaciones, según ha denunciado la plataforma.

"Hay intereses urbanísticos que no voy a calificar", intereses privados que colisionan con "el interés de la justicia" y con el ciudadano, "ha habido un error de cálculo", dijo Astor Landete.

Pero "estamos seguros de que la administración va a atender el clamor ciudadano", va a ser sensible y va a reconsiderar su decisión unilateral a favor de El Sobradillo, agregó el presidente de la Audiencia.

El juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado, aseguró que para garantizar una justicia accesible al ciudadano, el palacio judicial debe permanecer en Cabo Llanos, bien sea en una sola sede o en dos, aprovechando la actual y construyendo un edificio en una parcela cercana.

Los operadores judiciales aseguran que es totalmente viable urbanísticamente utilizar alguna de las muchas parcelas públicas de Cabo Llanos, en contra de lo que sostiene el Ayuntamiento.

Todo el mundo jurídico se opone al traslado al Sobradillo por su lejanía, malas conexiones y aislamiento, así como por los problemas de movilidad e impacto ambiental y por el coste en tiempo y dinero por las continuas idas y venidas hasta el centro de la ciudad para profesionales, testigos, peritos y usuarios de la justicia.

La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos confía en un cambio de criterio de la Consejería de Presidencia y Justicia, a la que agradecen su voluntad para resolver el problema de infraestructuras judiciales.

Por si acaso, han decidido que se personarán en el expediente administrativo, realizarán una revisión jurisdiccional de cada decisión, solicitarán toda la información precisa y pedirán informes complementarios, a la vez que se entrevistarán con grupos políticos y organizaciones ciudadanas para movilizar a toda la opinión pública.

Astor Landete dijo que el planeamiento determina que Cabo Llanos es la zona administrativa de la capital, por lo que rechazó que un poder del Estado quiera enviar a otro a un extremo de la ciudad, y afirmó que no se necesita un solar de 22.000 metros cuadrados.

Aseguró que urbanísticamente es posible construir un edificio junto al actual en una parcela cercana con solo hacer una permuta de uso.

Carmen Almendral, fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, mostró el unánime rechazo de la fiscalía al traslado a una zona alejada y de difícil acceso y aseguró que la decisión se ha adoptado sin consultar y de espaldas a los operadores, de forma precipitada y con desconocimiento de cómo funciona la justicia y de su relación con las demás administraciones y con los ciudadanos.

El decano del Colegio de Abogados, José Manuel Niederleytner, aseguró que los 4.000 abogados colegiados están a favor de Cabo Llanos en defensa de los intereses de sus clientes, que serían los principales afectados.

Miguel Rodríguez López, presidente del Colegio de Procuradores, y los representantes de los letrados judiciales y de los funcionarios también rechazaron de plan el proyecto de El Sobradillo.