TRIBUNALES

San Ginés dice que incautó la desaladora asesorado por el secretario del Cabildo

El expresidente del Cabildo de Lanzarote asegura que no tomó decisiones a sabiendas de que podía cometer una injusticia, sino creyendo hacer "lo más justo".

Canarias - 11/16/2020 EFE / Redacción Televisión Canaria
Sara Duarte / liliana Umpiérrez
El expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (CC) ha defendido este lunes que cuando ordenó la incautación de la desaladora privada de Montaña Roja, en 2004, no tomó decisiones a sabiendas de que podía cometer una injusticia, sino asesorado verbalmente por el secretario de la corporación y creyendo hacer "lo más justo".

El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha comenzado este el lunes el juicio por la incautación de la desaladora de la empresa Club Lanzarote, situada en Playa Blanca, por orden del entonces presidente del Cabildo de Lanzarte y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, el principal acusado.

Junto a San Ginés figuran como acusados el exsecretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo, ya jubilado, y el técnico de la Corporación Juan José Duchemín.

Aunque ha intervenido en el juicio, la Fiscalía no ha formulado acusación en este caso, en el que la acusación popular está ejercida por Carlos Meca y Pablo Ramírez, exconsejeros de Podemos en el Cabildo de Lanzarote en la pasada legislatura, quienes solicitan para San Ginés y los otros dos acusados una condena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La juez decidió seguir adelante con la vista oral tras rechazar las cuestiones previas planteadas y la petición de las defensas de los acusados que solicitaron el archivo de la causa, al rechazar la legitimidad en este caso de la acusación popular.

En la declaración a preguntas de su abogado, San Ginés ha insistido en su inocencia y en que actuó en todo momento asesorado verbalmente por el secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo.

Ha recordado que en septiembre de 2014, como presidente del Consejo Insular de Aguas, dictó una resolución administrativa que terminó con la incautación de la desaladora de Montaña Roja, propiedad de CLub Lanzarote.

Ha insistido en que no tomó ninguna decisión a sabiendas de su injusticia, sino "justo todo lo contrario" y creyendo que tomaba "la decisión más justa", previo informe verbal del secretario del Consejo Insular".

"Me informó verbalmente de que se podía incautar sin autorización judicial por tratarse de un bien de dominio público que terminará sin duda alguna en manos del Consorcio, y que no era necesario que me lo informase por escrito", ha explicado.

El expresidente ha argumentado que esa decisión era el único modo de garantizar el agua de abasto a 6.000 vecinos en iguales condiciones que el resto de Lanzarote y que venía a poner fin a la venta ilícita de agua por parte de una entidad privada que llevaba años desatendiendo los distintos requerimientos para que cesara su actividad y que incluso había sido denunciada tanto por del Diputado del Común como por particulares.

Pese a lo dicho por San Ginés, en su declaración de este lunes, el exsecretario del Cabildo, Francisco Perdomo, ha afirmado a preguntas de la Fiscalía que cuando informó al presidente sobre la posible incautación lo hizo "de forma verbal" y después de que este lo llamara a su despacho, pero "no había estudiado el expediente ni las interioridades del caso" y que, por tanto, dio orientaciones "con carácter general".

Perdomo ha dicho que no tenía los antecedentes del caso para realizar "un estudio serio y profundo sobre la materia" y que el entonces presidente del Cabildo no le solicitó que plasmara su opinión en un informe oficial.