EN SU ETAPA COMO ALCALDE DE LA LAGUNA

La Fiscalía Anticorrupción cree que Clavijo pudo prevaricar en el caso Grúas

La fiscal delegada de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez-Frigola, advierte a la juez que aprecia en ese expediente delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Canarias - 3/27/2019 EFE
Edificio de los juzgados de La Laguna. Edificio de los juzgados de La Laguna.
La Fiscalía Anticorrupción considera que existen "indicios" de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), pudo cometer delitos de prevaricación mientras fue alcalde de La Laguna (Tenerife) en algunas de las decisiones que tomó sobre la grúa municipal.

En un informe entregado el 19 de marzo al Juzgado número 2 de La Laguna, unas semanas después de haber asumido la investigación que corresponde al Ministerio Público en el "caso Grúas", la fiscal delegada de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez-Frigola, advierte a la juez que aprecia en ese expediente delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

La fiscal analiza a lo largo de 70 páginas el estado de ese procedimiento, que se inició en 2017, recomienda pruebas complementarias y avanza cuál es su opinión sobre la actuación en este asunto de Clavijo, que aún no está imputado formalmente en ningún cargo: "existen indicios", dice, de que pudo prevaricar al levantar reparos emitidos por el interventor contra dos decisiones relacionadas con la empresa que gestionaba la grúa municipal.

Este informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, ha sido avanzado este miércoles por los diarios "Canariasahora.com", "Canarias 7", y "Diario de Avisos".

El llamado "caso Grúas" gira en torno a una serie de decisiones que se tomaron en el Ayuntamiento de La Laguna a partir de 2003, cuando el entonces concejal de Seguridad Ciudadana (y más tarde alcalde de la ciudad), Fernando Clavijo, recomendó privatizar la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos, la "grúa".

El caso llegó a los juzgados en 2017 y desde entonces ha vivido varias vicisitudes: primero la juez que lo inició decidió archivarlo, luego la Audiencia de Santa Cruz la corrigió y ordenó investigar indicios complementarios que podían incriminar a Clavijo (ya presidente de Canarias), más tarde la juez se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y finalmente este último se lo devolvió, porque con el nuevo Estatuto de Autonomía el presidente del Gobierno ya no tiene la condición de aforado.

La fiscal Anticorrupción se ha dirigido a la juez encargada del caso para exponerle su análisis de todo lo instruido hasta la fecha: a su juicio, en 2014 se comete un delito de prevaricación, por omisión, que provoca el resto de las irregularidades analizadas, cuando el Ayuntamiento no toma la decisión de rescatar la concesión de la grúa a pesar de que sus servicios le advertían de que la empresa había cometido faltas graves que obligaban a ello.

El Ministerio Público cuestiona en su informe - al que ha tenido acceso Efe y avanzado por diarios locales-, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de La Laguna permitiera que la empresa que inicialmente gestionaba el servicio se lo traspase a un tercero, Autogrúas Poli, sin recuperar la concesión y que, al hacerlo, contratara a una sociedad que arrastraba deudas por valor de 112.000 euros con la Agencia Tributaria, la Hacienda Canaria y la Seguridad Social, en contra de lo que disponía el pliego de cláusulas de la licitación.

El informe se detiene a examinar la participación de Clavijo en dos decisiones posteriores: el crédito de 120.000 euros que la junta de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna concedió a esa empresa en junio de 2014 para intentar que superara sus dificultades económicas y la prórroga de la concesión que se le otorgó dos meses después.

Anticorrupción recuerda que el interventor formuló reparos contra ambas decisiones (el préstamo y la prórroga) y que, en ambos casos, sus objeciones fueron levantadas por el alcalde Clavijo con apoyo en informes solicitados a profesores de la Universidad de La Laguna.

La Fiscalía se pregunta al respecto por qué se pidió un informe externo, por que "no se solicita a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, al secretario del mismo o la propia directora del servicio de Movilidad" y, en definitiva, por qué "se prefiere pagar unos honorarios" a recurrir a propios funcionarios municipales o a otros organismos públicos, como el Consejo Consultivo de Canarias.

La fiscal aprecia indicios de que Clavijo levantó ambos reparos "conociendo que lo hacía al margen del ordenamiento jurídico" y recuerda que, en ese momento, ya tenía una larga experiencia municipal, pues "es público y notorio" que fue concejal de Seguridad Ciudadana desde 2003 hasta 2007 y era alcalde desde 2008.