Industria presenta documentación inédita sobre las prospecciones de Repsol

El Cabildo de Fuerteventura informa que el Ministerio de Industria ha comunicado por escrito que durante los próximos 15 días podrá consultar esta nueva documentación de Repsol, hasta ahora desconocida.

Canarias - 5/28/2014 Redacción web RTVC
Fotograma archivo RTVC Fotograma archivo RTVC
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, ha informado este miércoles por escrito al Cabildo de Fuerteventura, junto a varias instituciones más, que durante los próximos 15 días podrá consultar esta documentación, hasta ahora desconocida.

“Esta comunicación viene reconocer que teníamos razón cuando denunciamos que en el expediente que se sometió a información pública en agosto de 2013 faltaba documentación, y que permanentemente se estaba incorporando nuevos documentos por parte de Repsol y del Ministerio sin que tuviéramos acceso a ellos”, recordó el presidente del Cabildo, Mario Cabrera.

Pero la significación va incluso más allá, según detalla el presidente en un comunicado: “Con esta nueva comunicación el Ministerio de Industria impide que las 11.000 personas que en agosto alegaron sobre el Estudio de Impacto Ambiental puedan ahora consultar estos documentos y presentar sus alegaciones a los mismos. Y en general también impide estas mismas alegaciones a cualquier otra persona o entidad que aunque no haya alegado antes, quiera hacerlo ahora”, recordó Mario Cabrera.

El presidente del Cabildo reclamó “democracia” en el proceso de exposición de la documentación del Estudio de Impacto Ambiental, para que “cualquier persona interesada, los equipos científicos, los colectivos sociales y las instituciones que lo deseen puedan consultar los documentos y alegar lo que consideren. ¿Por qué tiene miedo a que la gente lea y opine sobre la documentación?”

El Cabildo de Fuerteventura había solicitado ya formalmente al Ministerio de Industria que suspendiera todo el proceso y volviera a someter a información pública para alegaciones toda la documentación nueva incorporada en estos meses, y que por lo tanto no pudo ser consultada ni valorada por las más de 11.000 personas que en agosto y septiembre de 2013 participaron en el anterior proceso.

Antecedentes

El 16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros adoptó el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se convalida el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgaron los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9 frente a las costas de las Islas Canarias. Esta Disposición está recurrida ante el Tribunal Supremo y pendiente de sentencia.

El 29 de julio de 2013 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sometió a información pública el programa de Repsol para realizar hasta tres pozos petrolíferos exploratorios y su estudio de impacto ambiental.

El proceso de información pública que ha contado con más de once mil alegantes, ha puesto de manifiesto la oposición de la Sociedad Canaria y sus Instituciones y ha evidenciado con informes técnicos de expertos de reconocido prestigio internacional, las graves deficiencias de los documentos presentados por Repsol. Estas deficiencias impiden disponer del imprescindible rigor informativo que requiere el análisis de una actividad minera de tan elevado riesgo para los intereses más esenciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Nueva documentación

Con la documentación conocida este miércoles se confirman las sospechas de que desde noviembre de 2013 Repsol ha presentado a la Administración nueva documentación.

Entre la documentación presentada se encuentra: un nuevo estudio en caso de vertido catastrófico de 3.000 bidones de petróleo por día, un estudio de impacto sobre la salud, proyectos de los pozos petrolíferos previstos, cartografía del fondo marino, un plan de gestión ambiental, etc.

Por lo tanto, toda esta nueva documentación debe ser sometida a información pública conforme establecía el artículo 9.3 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008 por lo que no procede una nueva consulta restringida a Administraciones públicas y personas interesadas (artículo 9.4), sino un nuevo período de información pública abierta al público en general.

A ello se suma la emisión de nuevos informes de organismos como el CEDEX, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Directora Técnica de la División para la Protección del Mar, etcétera, que son necesarios para conocer el alcance de los riesgos que comportan los pozos petrolíferos.

Por lo tanto, no acordar el nuevo período de información pública vicia el procedimiento de nulidad y viola el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer los riesgos que podemos sufrir en el medio ambiente del que vivimos conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.