EL ACUSADO SOLO CONTESTA A SU ABOGADO Y AL FISCAL

El TSJC rechaza suspender el juicio contra el juez Alba por 'conspirar' contra Rosell

El magistrado acusado de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, y la Sala permite que se utilice como prueba la grabación que supuestamente lo incrimina.

Canarias - 7/1/2019 EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido continuar el juicio contra el juez Salvador Alba por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, permitiendo que se utilice como prueba la grabación que supuestamente lo incrimina.

El magistrado que preside la vista, José Félix Mata, ha explicado sucintamente a las partes que el tribunal no ve motivos para declarar en este momento la nulidad de todo el procedimiento por vulneración de los derechos constitucionales del procesado.

No obstante, también ha precisado que la Sala no ha decidido aún si se vulneraron o no los derechos de Salvador Alba cuando un empresario lo grabó en su despacho como magistrado, sino que quiere valorar ese asunto desde el examen conjunto del resto de pruebas que se practiquen los próximos días, durante el curso del juicio.

La defensa de Salvador Alba sostiene que el caso es nulo, porque se inició, según su versión, con una grabación hecha a su cliente en su despacho oficial en la Audiencia de Las Palmas y de la que no se aportó desde el principio la versión original e íntegra, sino dos audios extractados, editados y "manipulados".

La Sala de lo Penal también se ha ratificado en su decisión de no llamar como testigos a una serie de personas que las acusaciones populares y particular pedían que fuesen citadas, como el exministro José Manuel Soria; la exsecretaria general de Podemos en Canarias y actual diputada en el Congreso, Meri Pita; o el exdirector del diario "El Mundo" David Jiménez.

El TSJC sí acepta, en cambio, que la defensa de Alba llame como nuevo testigo al empresario Héctor de Armas, exsocio en Seguridad Integral Canaria de Miguel Ángel Ramírez.

La defensa ha adelanto que lo llama a declarar porque su cliente ha recibido una carta de Héctor de Armas en la que este le relata su versión sobre cómo Ramírez preparó todo lo necesario para grabarle de forma disimulada en su reunión con el propósito, supuestamente, de obtener luego ventajas procesales.

Suspendido de sus funciones desde hace meses, Salvador Alba se enfrenta en este juicio a una solicitud de condena de diez años de cárcel, acusado de haber manipulado una causa penal iniciada por Victoria Rosell para perjudicar a esta, cuando ya era diputada de Podemos.

Salvador Alba ha comenzado su declaración minutos antes de las 13.00 horas, adelantando que solo va a responder a su defensa y al representante del Ministerio Fiscal, pero no a las acusaciones ejercidas por Victoria Rosell, Carlos Sosa y Podemos.

Alba ha defendido que se le acusa de haber conspirado contra Victoria Rosell con pruebas "manipuladas", cuando él "no podía permanecer callado" ante las "irregularidades" que observó en el trabajo de su colega.

El procesado relató al tribunal que se alarmó cuando un empresario investigado en una causa en el juzgado de Victoria Rosell por fraude fiscal, Miguel Ángel Ramírez, entonces dueño de Seguridad Integral Canaria, le contó en su despacho que "era socio" en varios negocios del periodista Carlos Sosa, pareja de la juez, y cuando comprobó que esas diligencias avanzaban poco y que no se ampliaban para indagar otros delitos, como un posible blanqueo de capitales.

El magistrado -suspendido de sus funciones desde que se le abrió juicio por estos hechos- ha alegado que no tenía nada contra Rosell y que quizás pecó de "prudente" al limitarse a enviar "informes" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre cuál había sido su desempeño en la causa contra Ramírez y sobre las relaciones de este con su pareja, cuando lo que "le pedía el cuerpo" era denunciar esos hechos por la vía penal en una exposición razonada al Supremo.

Nulidad

El juez Salvador Alba solicitó por la mañana al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la nulidad de todo el procedimiento por el que se enfrenta a una posible condena de diez años de cárcel desde su inicio, por haberse abierto sobre dos grabaciones "manipuladas".

En el trámite de cuestiones previas, el letrado de Alba, Nicolás González-Cuéllar, ha pedido a la Sala de lo Penal del TSJC que proteja los derechos constitucionales de su cliente, que considera vulnerados por una grabación hecha sin su conocimiento y luego entregada a la Justicia en una versión supuestamente "manipulada".

La grabación que impugna la defensa, que durante toda la instrucción ha sido considerada válida como prueba por la misma Sala de TSJC que juzga el caso, reproduce la conversación que mantuvieron el 16 de marzo de 2016 Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez.

En ese momento, Alba sustituía en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria a Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones generales como candidata de Podemos al Congreso por la provincia canaria.

En los meses previos, Rosell había tramitado una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos contra Ramírez por un presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social cometido a través de Seguridad Integral Canaria, de la que pasó a hacerse cargo Salvador Alba.

La reunión entre Alba y Ramírez se celebró en el despacho de este en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y fue grabada de forma disimulada por el empresario, que la entregó a un juzgado en cuando el ahora procesado cesó en sus funciones de sustitución de Victoria Rosell.

La Fiscalía de Canarias y el resto de acusaciones sostienen que en esa grabación se escucha cómo Alba da orientaciones a Ramírez sobre lo que tiene que decir para perjudicar a Victoria Rosell, a cambio de supuestos beneficios procesales para él en la causa en la que se le imputan delitos fiscales en Seguridad Integral Canaria.

En concreto, Ramírez tendría que declarar, cuando Alba le citara oficialmente, que mantenía relaciones económicas y comerciales con el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, lo que cuestionaría la independencia con que esta había tramitado hasta entonces su caso.

El letrado de Alba ha citado sentencias recientes del Tribunal Constitucional que, a su juicio, avalan su criterio de que se vulneró el derecho a la intimidad de su cliente al grabarle en una conversación en su despacho sin su permiso ni conocimiento.

Pero sobre todo subraya el detalle de que, en un primer momento, Ramírez aportó al juzgado dos audios extractados y editados de su conversación con Salvador Alba, con los que abrió el procedimiento que ahora sienta en el banquillo al magistrado por delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos y falsedad.

Y, según la defensa, eso vicia de nulidad toda la causa, por haberse abierto sobre audios "manipulados", no sobre la grabación original y el dispositivo empleado para registrarla, que fueron aportados más adelante. Este último paso, alega González-Cuéllar, "no puede convalidar" la vulneración de los derechos de su cliente.

La defensa ha pedido además al TSJC que escuche como testigo a un antiguo socio de Ramírez, Héctor de Armas, que ha entregado a su cliente una carta en la que relata cómo el empresario preparó su reunión con el juez y cómo planeó grabarle con el supuesto objetivo de luego presionarlo para obtener ventajas procesales en su caso por delitos fiscales y contra la Seguridad Social.

El TSJC ha suspendido la vista unos minutos para leer los documentos aportados por la defensa y dar tiempo a las acusaciones para que preparen las alegaciones que quieran realizar al respecto.

La vista oral continúa esta tarde con la declaración como testigo del empresario Miguel Ángel Ramírez.