LANZAROTE

El juez dicta apertura del juicio oral contra Pedro San Ginés por presunta prevaricación

El presidente del Cabildo de Lanzarote será juzgados por un delito de prevaricación en relación con la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

Canarias - 06/11/2018 EUROPA PRESS
Pedro San Ginés (izquierda) saliendo de los juzgados de Arrecife. Pedro San Ginés (izquierda) saliendo de los juzgados de Arrecife.
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, en la isla de Lanzarote, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, por un delito de prevaricación en relación con la incautación de la desaladora de Montaña Roja, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La acusación popular de este caso la ejerce el grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote, que ha solicitado 12 años de inhabilitación para San Ginés, así como para el secretario y gerente del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo y José Juan Hernández Duchemín.

Deseoso

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, se ha mostrado este martes "deseoso de aclarar" en sede judicial los detalles de la incautación de la desaladora de Montaña Roja que le han llevado a juicio oral por un presunto delito de prevaricación, tal y como ha dictado el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife.

San Ginés considera que se trata de "un juicio político, que contra todo pronóstico --si se celebra--, será solo a instancias de la formación política Podemos". "Más allá de la preocupación de pasar por este trance, expreso mi plena confianza en los tribunales", ha sostenido.

"De lo que estoy es deseoso de sentarme cuanto antes, para aclarar cualquier duda. Tomé la decisión que consideré más adecuada y justa. La qué el secretario de la corporación y el asesor jurídico me indicaron previamente que era posible, legal y sin orden judicial, tal y como declararon en sede judicial, esto es la incautación de la desaladora", ha detallado a través de un comunicado.

Para San Ginés es "imposible" que se le condene: "Podemos habernos equivocado, pero jamás hemos actuado a sabiendas de una injusticia, que es por lo que se nos acusa, por prevaricación".

"Considero que las dos únicas consecuencias para el interés general son: primero que hoy hay 5.000 vecinos que cuentan con una facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos de Lanzarote; y segundo que el Consorcio del Agua de Lanzarote dispone ahora de un canon de 400.000 euros, fondos que nos han permitido entre otras cosas subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias", ha defendido.

San Ginés aseveró también que "en su día" tanto él como el Cabildo actuaron "compelidos reiteradamente tanto por el Diputado del Común, como por el Gobierno de Canarias, quienes venían denunciando al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote por inacción ante una actividad ilegal, la venta de agua a terceros sin control".