JUICIO POR EL CASO UNIÓN

El exinterventor de Arrecife confiesa los pagos irregulares en el Consistorio

En las declaraciones, antes de fallecer, Matías Curbelo reconoció que el PIL disponía de una contabilidad en negro con la que asumían las campañas electorales y que provenía de los fondos que entregaban algunos empresarios de la isla.

Canarias - 2/7/2019 EFE
Banquillo de los acusados en el Caso Unión. Banquillo de los acusados en el Caso Unión.
El que fuera interventor del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) Carlos Sáenz y el ingeniero Antonio Cárdenas han confesado ante la Audiencia de Las Palmas los delitos que les imputa la Fiscalía Anticorrupción en una de las causas principales del "caso Unión", la llamada pieza número 12.

En este juicio en concreto se dilucida si el expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador de PIL Dimas Martín, condenado ya en varias causas por corrupción, urdió con la ayuda de otros colaboradores una trama para desviar comisiones ilegales en su beneficio y en el de su partido a costa del erario del Ayuntamiento de Arrecife.

En su declaración ante el tribunal, el exinterventor Carlos Sáenz acusado de malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, ha admitido que llegó a un acuerdo con el entonces concejal de Hacienda de la Corporación, el ya fallecido José Miguel Rodríguez, para no fiscalizar ni controlar ninguna de las facturas provenientes de las concejalías del PIL.

Sáenz, que sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, ha reconocido que ordenaba el pago de estas facturas aún sabiendo que incurrían en irregularidades y que daba el visto bueno y firmaba las propuestas de gasto tan sólo porque correspondían a las áreas que controlaba el PIL.

El que fuera interventosr de Ayuntamiento de Arrecife ha afirmado ante la sala que pagaba "todas las facturas que venían de la mano de José Miguel Rodríguez", que era su "jefe".

De esta manera Sáenz asegura haber dado el visto bueno al pago de una factura por la mejora de la Oficina Técnica a la empresa Construcciones y Promociones Samyer SL, de Samuel Lemes, también imputado en este caso, a pesar de que esa obra había sido adjudicada y pagada anteriormente a Construcciones Torres.

Así mismo, ha confesado haber pagado cuatro veces por el mismo trabajo, en concreto el caso de cuatro facturas pagadas al empresario Jesús Manuel Martín Brito de la empresa Infogelan Construcciones, también sentado en el banquillo de los acusados.

De la misma manera, el acusado ha reconocido haber pagado irregularmente cuatro facturas presentadas por otro de los acusados, Manuel G. Reina Fabre, al que ha detallado que se le abonaron facturas por un valor superior a los 30.000 euros sin someter los pagos a ningún tipo de control o fiscalización, aun a sabiendas de que se trataba de un importe superior al auténtico valor de los servicios prestados.

Si bien Sáenz ha admitido que propiciaba estos gastos ilegales, preguntado por el Ministerio Fiscal sobre si recibía comisiones de estas facturas a las que no ponía ningún reparo, el exinterventor lo ha negado y ha dicho que el acuerdo con José Miguel Rodríguez no se hizo extensivo a otros concejales.

De otro lado, también ha declarado el ingeniero de Caminos Antonio Cárdenas, investigado por un delito de revelación de información privilegiada y otro de fraude a la administración.

Cárdenas ha reconocido los hechos que se le imputan y ha manifestado que el concejal fallecido José Miguel Rodríguez le entregó el borrador del informe del Plan de Barrios para que conociese los criterios del mismo, de carácter reservado, por lo que se valió de información privilegiada a la hora de hacer su proyecto de para ese plan, por el que facturó algo más de 4.000 euros.

Este miércoles, además de resolver más cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa, el tribunal ha escuchado la lectura de las declaraciones que en su momento hicieron los fallecidos José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo durante la instrucción de la causa, declaraciones en las que el concejal de Hacienda reconocía el cobro de comisiones a empresarios y posterior reparto entre el ex primer teniente de alcalde Ubaldo Becerra, el exconcejal Antonio Machín y él mismo.

En las declaraciones de Matías Curbelo, en las que apuntó su intención de colaborar con la Justicia, se volvía a hacer hincapié en el cobro de comisiones a distintas empresas, una de ellas Urbaser, de las que dijo que una parte al menos era para la entonces alcaldesa María Isabel Déniz y otra para Dimas Martín.

En su comparecencia ante el juzgado instructor, Matías Curbelo reconoció que el PIL disponía de una contabilidad en negro con la que asumían las campañas electorales y que provenía de los fondos que entregaban algunos empresarios de la isla.