POLÍTICA LOCAL

El alcalde de La Oliva denuncia el robo en su despacho de la Auditoría de Corralejo Playa

Las conclusiones de la investigación señalaban un cúmulo de presuntas irregularidades, por lo que el documento fue remitido a las correspondientes instancias judiciales y administrativas, regionales y nacionales.

Canarias - 5/5/2020 EFE
Isai Blanco, alcalde de La Oliva. (INTERNET) Isai Blanco, alcalde de La Oliva. (INTERNET)
El alcalde de La Oliva (Fuerteventura), Isaí Blanco (CC), ha denunciado ante la Policía Local que han robado de su despacho del Ayuntamiento una copia en formato CD de la auditoría sobre el proceso de urbanización de Corralejo y la empresa Urbanizadora Corralejo Playa SA.

En un comunicado, el Consistorio de La Oliva ha anunciado que la jefatura del cuerpo ha iniciado una investigación para intentar identificar al autor o autores del robo, que dejaron como prueba una copia de la llave que abre el cajón del escritorio donde se encontraba el documento.

El propio alcalde ha relatado en su denuncia que fue consciente de los hechos al encontrarse una segunda llave en la cerradura del cajón, cuando el Ayuntamiento le había facilitado una única copia cuando tomó posesión de su cargo y, únicamente faltaba el CD con la auditoría entre todos los documentos que había en el cajón.

La Policía Local ha enviado la llave a analizar por su hubiera huellas que permitieran identificar al autor de los hechos, y revisa también las imágenes de las cámaras de seguridad de las últimas semanas.

La auditoría sobre el proceso de urbanización de Corralejo y la empresa mixta municipal Urbanizadora Corralejo Playa SA es el resultado de una investigación que el propio alcalde encargó al principio de su mandato a una consultora externa de "contrastado prestigio", y que culminó a principios del año pasado.

Las conclusiones de la investigación señalaban un cúmulo de presuntas irregularidades, por lo que el documento fue remitido a las correspondientes instancias judiciales y administrativas, regionales y nacionales.

Fruto de estas actuaciones, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, máximo órgano del Estado fiscalizador del sector público, inició el nombramiento de un Delegado Instructor, mientras que la Audiencia de Cuentas de Canarias remitió también la documentación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Juzgado de Instrucción Decano de Puerto del Rosario.