ECONOMÍA

El admnistrador concursal cree que Seguridad Integral Canaria debe cerrar

"Dado el valor del activo frente al pasivo, plantearse un valor de la compañía en continuidad no parece una postura realista", concluye Santos Barja, en cuya opinión la compañía de seguridad privada "está abocada a la liquidación".

Canarias - 28/09/2018 EFE
El administrador designado por el juzgado que se ocupa del concurso de acreedores de Seguridad Integral Canaria (SIC) considera que la compañía no es viable y que está "abocada a la liquidación", porque sus deudas superan en más de 30 millones al valor de todos sus activos.

En un informe al que ha tenido acceso Efe, el administrador concursal de la compañía, Juan Carlos Santos Barja, cifra el pasivo exigible de Seguridad Integral Canaria en 65,61 millones de euros, mientras que el valor de todos sus activos suma 35,49 millones.

"Dado el valor del activo frente al pasivo exigible, plantearse un valor de la compañía en continuidad no parece una postura realista", concluye Santos Barja, en cuya opinión la compañía de seguridad privada "está abocada a la liquidación".

SIC se declaró en concurso de acreedores el 22 de diciembre de 2017, después de que sus gestores reconocieran que la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a pagar con carácter retroactivo a su plantilla los sueldos del convenio nacional del sector (muy superiores a los suyos) hacía inviable su estructura de costes.

En ese momento, el propietario del 99,8 % de sus acciones era el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pero este le vendió este verano toda su participación al que hasta entonces era el consejero delegado de la empresa, Héctor de Armas, que ahora posee el 96,98 % (el resto de las acciones son autocartera).

Constituida en 1995 por cuatro socios, Seguridad Integral Canaria experimentó un rápido crecimiento desde que Miguel Ángel Ramírez se hizo con la totalidad del capital, en especial a partir de 2004, cuando su cifra de negocio creció un 25 % de un año para otro, relata el administrador concursal en su informe.

"El fuerte crecimiento se produce en el año 2012, cuando la empresa pasa a hacerse cargo del servicio integral exterior e interior de todas las edificaciones y espacios exteriores (...) de Patrimonio Nacional", añade Santos Barja.

En un contexto de grave recesión económica, con muchas administraciones licitando servicios en subastas a la baja, Seguridad Integral Canaria dio el salto definitivo a la península gracias a sus costes, muy inferiores a los de la competencia tras haberse descolgado del convenio colectivo nacional del sector.

Su administrador concursal recuerda que, en 2013, la empresa entonces liderada por Ramírez se hizo con la seguridad del Metro de Madrid y al año siguiente se adjudicó la vigilancia de los centros y delegaciones del Ejército de Tierra y Defensa Nacional.

"Esto posiblemente pudo ser una incorrecta planificación por parte de la empresa en la península, coincidente con la gran crisis financiera y los efectos derivados, tales como el fuerte retraso en los pagos por parte de algunos clientes, ocasionando serios problemas de tesorería a la empresa", añade el informe.

Como culminación de ese crecimiento, Seguridad Canaria llegó a 2017 con 465 contratos de servicios vigilancia, un tercio de ellos correspondientes al sector público.

El informe deja constancia del efecto que ha tenido sobre la empresa la sentencia del Supremo que le obliga a pagar conforme al convenio nacional del sector, del que se descolgó a aprovechando la reforma laboral, que solo en cotizaciones a la Seguridad Social (sin contar salarios) le cargó con una deuda de 14 millones de euros.

También subraya que su anterior propietario tiene abierto un procedimiento penal por fraude fiscal, en el que Hacienda reclama a la empresa ocho millones de euros que dejó de retener al pagar sistemáticamente las horas extras a sus vigilantes como si fueran dietas, que no cotizan.

El administrador concursal considera que el plan de viabilidad presentado por el anterior propietario y continuado por el actual "no ha resultado sino un desiderátum con escasa, nula o negativa trascendencia real", porque la sociedad presenta "una situación de insolvencia derivada de la mala gestión de su circulante y de la pérdida de activos inmovilizados que pudieran actuar como refugio".

"Las previsiones y planes de la sociedad carecen de una base suficientemente sólida para dar por buenas las expectativas expuestas por la deudora", responde este experto designado por el Juzgado al proyecto de saneamiento anunciado por los propietarios.

Como ejemplo de la situación que describe, recuerda que SIC ha vendido a Sinergias de Vigilancia y Seguridad (sociedad que los sindicatos relacionan con Ramírez, cosa que este niega) una cartera de clientes valorada en 37 millones de euros, pero no ha cobrado en los plazos pactados (Sinergias no le ha abonado las siete primeras de las 60 cuotas mensuales de 624.000 euros pactadas).

USO PIDE QUE ACTÚEN LAS ADMINISTRACIONES

El sindicato USO ha instado a las administraciones públicas y a las empresas privadas que aún mantienen contratos con Seguridad Integral Canaria a que los rescindan y elijan a otras compañías que asuman su plantilla, para evitar que estos trabajadores queden "desamparados".

En un comunicado, el secretario de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, Basilio Febles, reacciona de esta manera ante el informe emitido por el administrador concursal de Seguridad Integral Canaria, que concluye que esta empresa no es viable "y está abocada a la liquidación".

Febles subraya que los trabajadores de Seguridad Integral vienen soportando "meses de impagos" de su salario, lo que ha provocado situaciones "insostenibles", con familias en situación económica "muy precaria" y expuestas a desahucios y cortes de suministro.

A su juicio, la solución pasa por que los clientes que aún conserva Seguridad Integral Canaria rescindan sus contratos y escojan a otras empresas que se subroguen en su plantilla.

USO sostiene que el "origen de la caótica situación de SIC" se encuentra en su "bajada temeraria del precio en los concursos públicos, con la ayuda de un convenio de empresa de menor coste salarial que el de sector que, tras su anulación, ha provocado un millonario pago de atrasos a trabajadores y cotizaciones a la Seguridad Social".