DECLARACIÓN JUDICIAL DEL CASO GRÚAS

Clavijo dice que no influyó en los informes y actuó por recomendación técnica

En su declaración ante la jueza que investiga el caso Grúas, Clavijo dijo que en todo el proceso relacionado con el servicio municipal de grúas no influyó ni en el concejal ni en los funcionarios sobre las distintas actuaciones.

Canarias - 4/18/2019 EFE
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado ante la juez que instruye el caso Grúas que no influyó en los informes o propuestas relacionadas con este expediente, y que actuó bajo las recomendaciones técnicas.

En su declaración, Clavijo dijo que en todo el proceso relacionado con el servicio municipal de grúas no influyó ni en el concejal ni en los funcionarios sobre las distintas actuaciones, entre ellas, el préstamo concedido, la prórroga de la concesión ni la intervención temporal de la entidad Grúas Poli.

Clavijo señala que cuando se produjo el cambio de accionariado en la empresa concesionaria del servicio de grúas, no aconsejó a ninguno de los empleados para que pasaran a socios de la entidad y señala que de los siete socios solo conoce a dos pero apenas tenía relación.

Asimismo manifestó que una vez que se asumió por el Ayuntamiento la gestión de las grúas "por lo mal que iba la empresa", en junio de 2014 elevó a la Junta de Gobierno la concesión de un préstamo y fue ese órgano el que lo concedió.

Recordó que el dinero del préstamo se ingresó en una cuenta aparte y distinta a la ordinaria de la empresa, cuyo control era de los interventores.

Respecto a otro decreto por el que se autoriza la prórroga del contrato, Clavijo señala que el contrato vencía ese mismo mes y que en ese momento no tenía conocimiento de la situación económica de la empresa "que para ello estaba el concejal y el director del servicio y que a él solo le llegaban las decisiones como alcalde".

Añadió que en aquel momento no conocía el pliego de condiciones porque el expediente lo llevaba un jefe de servicio y la directora de área.

En su respuesta a las preguntas de la Fiscalía, Clavijo ha dicho que cuando se decide que el servicio público de recogida de vehículos se lleve de forma externa fue en el año 2003 cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y esta propuesta fue acordada por unanimidad del pleno del Ayuntamiento, en el que estaba uno de los denunciantes, el concejal Santiago Pérez.

Clavijo señala que no formó parte de la mesa de contratación que adjudicó a Grúas Poli el servicio y desconoce los motivos por los que ganó el concurso.

Aunque afirmó que no consta que el concesionario incumplía el pliego, sí tenía conocimiento de que los trabajadores no cobraban porque solicitaron entrevistarse con él.

Sobre el levantamiento de los reparos del interventor respecto a la intervención del servicio, Clavijo alude al informe de dos catedráticos que avalaban que se levantaran los reparos y reitera que tomó la decisión que le recomendó la jefa del departamento "para garantizar el interés público y la prestación del servicio".

"Nadie propuso ni el rescate ni la caducidad. Se trata de un expediente administrativo que solo tres años después se empezó a hablar de él", afirmó Clavijo.

Añadió que la decisión de contratar a los catedráticos fue adoptada por el servicio de seguridad ciudadana y la asesoría jurídica y argumentó que no era extraño que se contratara a expertos a través de la fundación de la Universidad de La Laguna.

Clavijo reiteró que no era informado de todo lo que ocurría en el Ayuntamiento, y tratándose de un consistorio de 160.000 habitantes no podía estar informado absolutamente de todo.

Además, insistió en que no le constaba que cuando se intervino el servicio, los vehículos carecieran de seguro obligatorio y de la ITV, pero sí sabía que existían problemas de nóminas y de tarjetas de transporte y por ello se acordó la intervención.

También alude a los informes técnicos para avalar la prórroga del contrato, que fue posible porque se levantaron los reparos de la Intervención que, por otra parte, dijo, es algo normal en la vida de un Ayuntamiento.

En cuanto a las garantías del préstamo concedido a Grúas Poli especificó que eran la facturación presente y futura del servicio y en cuanto a la duración temporal de la concesión, la junta de gobierno acordó que podía exceder de la duración del contrato y superar la fecha del 28 de agosto de 2014.

Respecto a la fianza obligada para la concesión del préstamo, Clavijo no recuerda el reparo que puso el interventor aunque sí que eligió el informe del servicio administrativo, que venía con el visto bueno de la asesoría jurídica y además garantizaba la prestación del servicio.

De haber actuado como sostiene el Ministerio Fiscal habría sido un grave quebranto para el Ayuntamiento: asumir las deudas, subrogar a los trabajadores, posible litigio por reclamaciones patrimoniales e incluso la posibilidad de la interrupción del servicio y por ello se optó por la continuación del mismo, argumentó Clavijo.

El presidente dijo que la responsabilidad de analizar la propuesta de los interventores o los incumplimientos era del servicio administrativo junto con los interventores, que son los que elevan la propuesta al concejal y éste es el que eleva a la junta de gobierno.

A preguntas de su abogado y respecto al delito de prevaricación, Clavijo ha dicho que los levantamientos de los reparos fueron sometidos a la junta, donde se encontraban el interventor y el letrado del Ayuntamiento y ninguno de estos dos funcionarios advirtieron de la comisión de una actuación contraria a derecho.

Además alude a que según consta en las actas de la junta de gobierno, se dio cuenta de los reparos de la Intervención, pero ningún miembro de este órgano objetó ni se opuso a la toma de acuerdos.

También indica que a nivel técnico ningún funcionario del Ayuntamiento le advirtió de la posible ilegalidad de los acuerdos adoptados en el seno de la corporación.

En su opinión la medida de la intervención temporal fue suficiente para mantener la indemnidad del Ayuntamiento y garantizar la prestación del servicio público, agrega que se obtuvo el reequilibrio de las prestaciones y que la decisión de conceder un préstamo a la entidad no supuso un quebranto económico al Ayuntamiento, que incluso cobró un 4 por ciento de interés.