Clausuradas 36 galerías y pozos de agua en Canarias durante 2011

La Dirección General de Industria advierte en un comunicado que se ha detectado en la población “un desconocimiento preocupante” en cuanto a la responsabilidad sobre las galerías y los pozos.

Sociedad - 1/31/2012 Redacción web RTVC La Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, ha clausurado de manera definitiva 36 galerías y pozos en la isla durante 2011, según se detalla en un comunicado de este departamento autonómico.

Además, junto con la Asociación Canarias de Entidades de Inspección y Control, se han realizado un total 125 inspecciones a lo largo del pasado ejercicio. Todas estas iniciativas están amparadas por el Programa de Inspecciones en Instalaciones Industriales y Mineras desarrollado de acuerdo con la Orden del 18 de agosto te 2010 de la Consejería de Empleo, Industrias y Comercio.

De las 125 inspecciones, 65 fueron ejecutadas por el Servicio de Minas, siendo 44 de ellas en obras subterráneas y 29, en concreto, correspondieron a obras hidráulicas. Por su parte, el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife inició las notificaciones pertinentes a 38 titulares de galerías y propietarios de terrenos para el cierre de galerías sin que pudieran ser localizados, por lo que los expedientes fueron trasladados a Industria.

Responsabilidades

El director general de Industria ha recordado, por otra parte, que tanto las comunidades de aguas, como los propietarios de los terrenos donde se encuentren las instalaciones de las galerías o pozos, una vez hayan dejado de funcionar, son responsables de mantener cerradas las instalaciones de forma reglamentaria o de solicitar ante la Dirección general de Industria la clausura voluntaria de las mismas.

“Los propietarios de las galerías, pozos y túneles-acueducto deben ser conscientes de que en caso de accidente, si una de estas instalaciones ha dejado de funcionar y no están precintadas o clausuradas según la norma, pueden incurrir no sólo en responsabilidad penal sino en infracciones -al Decreto 232/2008-- que pueden derivar en importantes sanciones económicas, además de abonar el coste del cierre forzoso que puede ser ejecutado de forma subsidiaria, por esta Dirección General”, ha subrayado, por último, el responsable regional de Industria.