Caso Ere

Chaves dice que no sabía cómo se daban las ayudas de los ERE

El que fuera presidente del Gobierno andaluz durante 19 años, Manuel Chaves, ha defendido que "siempre" ha partido de que sus consejeros "en cualquier actuación respetaban la ley" y que le cuesta creer que "intencionadamente se hubiera establecido un procedimiento ilegal o para burlar la ley".

Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación en el juicio de la pieza política del caso ERE por prevaricación al crear y mantener de un "procedimiento específico" con el que del 2001 al 2011 se repartieron más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Durante el interrogatorio del fiscal Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, el que fuera presidente socialista de Andalucía de 1990 a 2009 ha reiterado que su conocimiento sobre la línea de ayudas sociolaborales investigadas era general, sin detalle de "cómo" se concedían y pagaban, "los requisitos" para acceder a ellas, los beneficiarios o el montante que recibían.

Ha insistido en que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley y "para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley".

Una y otra vez ha subrayado que los detalles de cómo se daban las ayudas "no formaban parte de mi ámbito de decisión política" y "nadie" le informó de la necesidad de cambiar el sistema por agilidad.

Además "nunca conoció" el convenio marco de 2001 entre Empleo y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste pagara las ayudas con fondos que la consejería que las concedía le enviaba mediante transferencias de financiación.

Tampoco conoció los diferentes borradores de decretos y órdenes para regularlas que no salieron adelante y nadie la planteó la "inexistencia de una base reguladora", pues "siempre he partido de que había una normativa que permitía dar esas ayudas" a trabajadores afectados por crisis laborales.

Chaves ha afirmado desconocer los informes de la Intervención de la Junta alertando del uso "inadecuado" del sistema de transferencias de financiación para que IFA/IDEA pagara las ayudas, que según la Fiscalía buscaba eludir la fiscalización previa.

Sin embargo, "adecuado o inadecuado" dichas transferencias de financiación "estaban en la ley de Presupuestos" y "una ley no puede ser ilegal", ha defendido Chaves, que cuando estalló el caso ERE en 2011 era vicepresidente del Gobierno central.

Ha rechazado que la fiscalización previa sea "un control de primera División" y el control financiero permanente al que se sometían las cuentas de IFA/IDEA de "Segunda División", tras defender que en la mayoría de administraciones la tendencia es a ir implantando más el control financiero permanente.

En cuanto a las modificaciones presupuestarias para incrementar los fondos del programa de ayudas sociolaborales que pasaban por el Consejo de Gobierno ha señalado que no se debatían ni analizaban pues era un asunto "de trámite" ya que llevaban los informes correspondientes.

También ha subrayado que el Consejo de Gobierno debatía la "globalidad" de los presupuestos anuales de la Junta y no se veían detalles de programas concretos que eran "más de 140", insistiendo en que era competencia de cada consejero cómo distribuía la partida asignada a su área y que los parlamentarios tenían a su disposición toda la documentación complementaria usada en la elaboración de las cuentas.