Cándido Reguera declara cinco horas como imputado en la operación "Montecarlo"

Aunque por ahora no ha trascendido si la juez que instruye el caso mantiene alguna imputación al exalcalde, a su salida Reguera se ha limitado a confirmar que había respondido a todas las preguntas que se le formularon durante el interrogatorio.

Política - 6/20/2012 EFE El exalcalde de Arrecife y actual concejal del PP, Cándido Reguera Díaz, ha declarado este martes en calidad de imputado durante casi cinco horas ante la juez de Instrucción número 4 de la capital lanzaroteña, que dirige el caso "Montecarlo" en el que se investiga la existencia de una trama de corrupción en los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé.

Cándido Reguera fue alcalde de Arrecife entre diciembre de 2009 y marzo de 2012, cuando dimitió de su cargo para evitar que presentara y se debatiera una moción de censura en su contra.

Reguera fue además diputado nacional del PP en tres legislaturas consecutivas, así como vicepresidente del Cabildo de Lanzarote y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Aunque por ahora no ha trascendido si la juez que instruye el caso mantiene alguna imputación al exalcalde, a su salida de los juzgados Reguera se ha limitado a confirmar que había respondido a todas las preguntas que se le formularon durante el interrogatorio.

La operación "Montecarlo" saltó a la luz pública el pasado 22 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron en Lanzarote al interventor municipal de los ayuntamientos de Arrecife, Teguise y San Bartolomé, Carlos Sáenz Melero; al exconcejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez; y al exconcejal de Hacienda de San Bartolomé y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino de Lanzarote, Javier Betancot Tubau.

Más adelante fue arrestado el empresario José Vicente Montesinos, administrador de varias empresas dedicadas a la recaudación de tributos que han operado en los consistorios investigados.

Los exconcejales de Hacienda Betancor y Rodríguez fueron puestos en libertad con cargos, mientras que el interventor y el empresario detenidos ingresaron en prisión por orden judicial.